La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado una sentencia que obliga a Hunosa y a VidaCaixa a abonar los descuentos que la empresa pública aplicó indebidamente a los prejubilados por la diferencia entre el IPC real (0,8%) y previsto (2%) del año 2009. El fallo desestima el recurso que la empresa pública y la aseguradora interpusieron frente a la sentencia favorable a la demanda sindical que reclamaba el abono de la retención salarial que correspondía a los prejubilados. Aquel primer fallo ya dio la razón al sindicato y declaró la «nulidad» de esa retención salarial por «indebida», pero la empresa lo recurrió. Ahora, esta nueva sentencia judicial ratifica la demanda del SOMA-FITAG-UGT y obliga a la empresa pública y a VidaCaixa a abonar a los afectados la diferencia del 1,2% entre el IPC previsto en 2009 y el real computado ese año, más los intereses de la demora. Además, las bases salariales sucesivas a 2009 deberán ser actualizadas de acuerdo a ello.