El pasado 26 de agosto, de forma sorpresiva, la dirección de Grupo Chocolates LACASA en Asturias decidió despedir a 3 trabajadores de la empresa, bajo diversos argumentos carentes de solvencia, cuando lo que realmente esconden estos despidos es que, los trabajadores afectados, estaban en el proceso de promover unas elecciones sindicales en un centro de trabajo donde no hay representación sindical hasta el momento.

Así, el día 4 de septiembre tuvo lugar una concentración de protesta para revertir esta situación y mañana, viernes 11 de septiembre, convocamos una Marcha de Apoyo a los Trabajadores Despedidos del Grupo Chocolates LACASA, que saldrá de la factoría situada en Meres, y que terminará en el Ayuntamiento del municipio, donde pretendemos trasladar, a la corporación municipal, el proceder de una empresa que, en su momento, no le hizo ascos a recibir Fondos Mineros fruto de la lucha de trabajadores y territorios, pero que no permite unas elecciones sindicales libres, persiguiendo y despidiendo a trabajadores por el simple hecho de ejercer sus derechos constitucionalmente consolidados.

Desde el SOMA-FITAG-UGT, rechazamos frontalmente los despidos, porque esconden una persecución sindical propia de otros tiempos, dado que los trabajadores y trabajadoras despedidos son quienes encabezaban la candidatura del SOMA-FITAG-UGT en el proceso electoral; un proceso que estaba recuperando sus plazos al verse afectado por la pandemia y, a mayor abundamiento, una trabajadora despedida estaba en situación de reducción de jornada por cuidado de hijo.

Unos despidos de profesionales solventes que, según nuestro entender, además de una persecución sindical, es un ataque frontal a un derecho fundamental de los trabajadores como es poder defender sus intereses comunes, teniendo presencia y voz colectiva en la empresa.

Cuando el Grupo Chocolates LACASA refiere, en sus memorias de responsabilidad social, que “existe una cultura corporativa de diálogo con los representantes de los trabajadores con procedimientos para informar y consultar al personal y negociar con ellos”, o que “existe una cultura de organización del tiempo de trabajo (turnos, gestión de horas extra, flexibilidad en la jornada laboral, etc.) que implanta medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores”, está mintiendo y engañando, porque ni quiere dialogo, ni quiere negociación; simplemente quieren trabajadores sumisos, sin derechos, que no sean reivindicativos, y que no tengan posibilidades de acogerse a las medidas de igualdad y conciliación que las leyes establecidas en España permiten.

Así mismo, en una empresa donde también alardean en la exposición de su responsabilidad social corporativa de un plan de igualdad, y de un protocolo contra el acoso para “evitar cualquier situación de acoso sexual o por razón de sexo en la empresa y saber actuar en caso de que ésta se produzca”, cabría preguntarse si estos despidos no son acoso, si hay algo más mezquino que despedir a una trabajadora que está de baja y tiene una reducción de jornada por cuidado de hijo menor.  La respuesta es no; esta situación es la mezquindad hecha dirección en una empresa que emplea más mujeres que hombres.  Esa es la apuesta real por la igualdad del Grupo Chocolates LACASA.

Desde el SOMA-FITAG-UGT, no vamos a parar hasta que se restablezcan los derechos y se reincorporen estos trabajadores, se puedan celebrar elecciones sindicales en esta empresa, para lo que recurriremos a todos los recursos a nuestro alcance, la movilización, la presión, la vía judicial, a la denuncia del incumplimiento flagrante de la ley de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en el ámbito laboral; y a todas aquellas oportunidades de defendernos que nos ofrece la legislación española y los tribunales.

Estos compañeras y compañeros no están solos, hay un sindicato de clase que los va a defender porque no es un ataque a ellos propiamente dicho, es un ataque a la acción sindical en las empresas que, de prosperar estas prácticas abusivas llegarán aponer en riesgo la concertación y el dialogo social.