La nueva Ley, que necesita el acompañamiento de un Pacto de Estado por la Industria, debería ser aprobada antes de la finalización de la legislatura, lo que ayudará a la modernización de nuestra Industria para situarla en la vanguardia a nivel internacional.

Desde el SOMA-FITAG-UGT, como continuidad a las aportaciones del pasado mes de mayo, hemos participado en el proceso de audiencia e información pública sobre una nueva Ley de Industria, puesto en marcha por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y que finalizó hoy jueves 5 de enero. Para nuestra organización, es necesario que esta Ley salga adelante con el diálogo social necesario que nos permita alinear propuestas de ámbito industrial, social y laboral, y que reúna el máximo respaldo social y político posible.

Seguimos incidiendo en varios aspectos que consideramos fundamentales, como son la necesidad de establecer zonas de altas necesidades de reindustrialización que permitan una discriminación positiva a territorios que tienen más dificultad que otros para convertirse en polos de atracción industrial, o la exigencia, a los fabricantes, sobre cumplimiento de derechos laborales, de políticas de prevención de riesgos laborales, fabricación en proximidad o medidas de conciliación e igualdad.

Aspectos como la implantación de la jornada laboral de 32 horas semanales, con sus efectos positivos como la mejora de la salud mental de los empleados, la reducción del consumo energético y emisiones, el aumento de la productividad, la motivación de los trabajadores, la reducción de la brecha laboral entre géneros, la mejora de la conciliación familiar y laboral, también los consideramos como uno de los pilares fundamentales de la nueva ley de Industria.

Asimismo, cabe señalar que, la industria, fuertemente ligada al sector energético, debe abordar el alineamiento entre la política industrial y la política energética, dado que la energía es un factor fundamental para el desarrollo industrial. Continuamos demandando un Pacto de Estado por la Energía moderno, riguroso, flexible con seguridad jurídica, que contribuya a ganar en productividad, competitividad (tanto industrial como social), viabilidad empresarial, y, por tanto, generar empleo de calidad.

La nueva Ley debe ir acompañada de un Pacto de Estado por la Industria con altura de miras, elaborado desde el diálogo social, que supere ciclos políticos, adquiriendo un compromiso que siente las bases de un mayor equilibrio y resiliencia de nuestra estructura económica y social.