La empresa Fortia, fabricante de mascarillas, abocada al cierre.

 El SOMA-FITAG-UGT considera que este no es un problema de Fortia, no se trata de adjudicar contratos directos a Fortia, ni que se beneficie exclusivamente a empresas regionales. Se trata de que las fábricas asturianas, españolas o europeas puedan competir en igualdad de condiciones frente a las importaciones de países que no contemplan los criterios éticos, medioambientales y de responsabilidad social y laboral de la normativa de la Unión Europea.

El SOMA-FITAG-UGT reitera que el gobierno del Principado de Asturias tiene que tener en cuenta en la contratación administrativa las denominadas clausulas sociales y medioambientales, que se pueden definir como aquellas estipulaciones que obligan a los adjudicatarios de un contrato público a dar cumplimiento, junto con el objeto propio del contrato, a determinados objetivos de política social y medioambiental que se estiman de interés general, de forma que el precio más bajo no sea el elemento que decida la adjudicación.

La Federación Socialista Asturiana (FSA) tiene que hacer valer sus propuestas para el programa de gobierno 2023-2027 con las que se presentó a las elecciones autonómicas el pasado mes de mayo. En el punto 11 del apartado Comercio, Emprendimiento y Economía Social se recoge textualmente: “promoveremos la inclusión de cláusulas sociales en las contrataciones públicas para apoyar la participación de las empresas de economía social.”

Estamos ante un problema común de la industria europea, la contraposición entre dos modelos, el de la fábrica que crea riqueza y empleo aquí, y el de la oficina de intermediario especulador, modelo por el que parece que apuesta el gobierno regional.

Desde el SOMA-FITAG-UGT observamos como los gobiernos de otras comunidades autónomas, por ejemplo el País Vasco, defienden su industria y a los suyos. En Asturias el gobierno regional nos habla de la defensa de lo asturiano, de nuestra identidad, pero parece ser que no pasa de ser un mero postureo digital.

 Otras comunidades autónomas priorizan que la huella de carbono en la producción y el transporte sea la menor posible, (cercanía de fábrica) sin embargo parece que un barco cargado de contenedores con mascarillas desde el sudeste asiático y su posterior transporte en camiones hasta Asturias contamina menos que la fabricación en España. Sin embargo, en este caso los criterios ambientales se reducen al embalaje procedente de material reciclable y que las mascarillas incorporen el símbolo “Recicla”.

Se supone que la nueva Consejería de Transición Ecológica algo tendrá que decir sobre la huella de carbono generada. Pero ya tenemos experiencia en lo que podemos esperar de los órganos con denominación “Transición” y “Ecológica”, nada, únicamente palabras comunes y retórica vacía.

Por último, llama la atención que un gobierno regional, que se define como progresista, no exija en sus pliegos de contratación administrativa la fabricación o importación de países que hayan firmado todos los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), o tampoco se contemplen inspecciones de esas fábricas por organizaciones independientes de certificación social sobre el cumplimiento en el proceso de producción de la normativa laboral básica establecida por la OIT y del conjunto de los estándares recogidos en el artículo 2 de la Resolución 2005/2245 (INI) del Parlamento Europeo sobre Comercio Justo y Desarrollo.

Cuando importamos productos de países en los que no se cumplen las garantías destruimos empleo aquí, pero tampoco mejoramos su situación allí, pues normalizamos la explotación y la desigualdad de esos trabajadores y trabajadoras.