Los territorios y trabajadores afectados por la transición energética, deben beneficiarse de las oportunidades sociales, económicas y medioambientales de este proceso.

Desde el SOMA-FITAG-UGT hemos participado en la consulta pública sobre el borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030), cuyo plazo finalizaba este lunes 4 de septiembre de 2023

Varias han sido las aportaciones que hemos realizado desde nuestra organización, siempre partiendo de la necesidad de un Pacto de Estado por la Energía, moderno, riguroso, flexible, de medio y largo plazo.  Un Pacto de Estado por la Energía con seguridad jurídica, que dote de estabilidad al sector, de tal suerte que contribuya a ganar en productividad, competitividad (tanto industrial, como social), viabilidad empresarial, y, por tanto, generar empleo estable y de calidad

Así mismo, destacamos que, de acuerdo con el informe “Apoyo a las regiones en transición justa: El papel de los interlocutores sociales”, de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (EUROFOUND), una transición ecológica justa solo podrá materializarse mediante la verdadera participación de los agentes sociales a través del diálogo social y la negociación colectiva para poder así: Afianzar la voz, información, consulta y participación de las personas trabajadoras; Ofrecer empleos de calidad y protección social a todas las personas implicadas en el proceso de la doble transición; y garantizar la recualificación de las mismas.

En lo que concierne propiamente al borrador de actualización del PNIEC 2023-2030, en primer lugar, hemos de decir que nos hubiera gustado un análisis exhaustivo del grado de cumplimiento de los 2 primeros años del anterior PNIEC 2021-2030; para ayudar a contextualizar el desarrollo de este Plan que ahora se actualiza, con los nuevos requisitos y exigencias, y poder conocer variables tales como cuántos empleos se han creado en el periodo 2021-2023; cuánta inversión se ha producido, o qué repercusión sobre el PIB ha tenido el anterior Plan, indicadores que, lamentablemente, no han sido cuantificados.

Seguimos insistiendo en la necesidad que se cumpla con los objetivos de cambio de la estructura socioeconómica de los territorios afectados por el cierre del sector de la minería, y por el cierre de las centrales térmicas. 

En nuestra opinión, ni el “Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027”; ni el “Acuerdo por una transición energética justa para centrales térmicas en cierre: el empleo, la industria y los territorios”, han alcanzado aún los objetivos que nos proponíamos y, además de esa falta de concreción de empleo en los territorios afectados, constatamos que la calidad del empleo generado en las restauraciones medioambientales ha introducido la figura de "trabajadores pobres", situación que se debe corregir inmediatamente.

En lo que concierne a la industria, hemos señalado que, dado que la energía es un factor fundamental para el desarrollo industrial, el proceso de descarbonización del sector industrial debe alinearse, inequívocamente, la política industrial y la política energética, aprobando una nueva Ley de Industria como prioridad al inicio de esta nueva legislatura.

Deben desarrollarse, normativa y regulatoriamente cambios, en la Ley del Sector Eléctrico ante la nueva realidad del sector.  No podemos dejar pasar más tiempo sin recuperar, gratuitamente y libre de cargas, todas las obras construidas en dominio público hidráulico para la explotación energética, y que podría gestionar, sin ningún tipo de problema, la empresa pública HUNOSA. 

A mayor abundamiento, proponemos cambios en los concursos de los nudos de transición justa (capacidad de acceso a la red eléctrica liberada tras el cierre de las centrales térmicas), para poder acoger potencias acordes con los posibles nuevos proyectos renovables; también la necesidad que el Fondo de Transición Justa observe los principios de adicionalidad y complementariedad, y no se utilicen para sustituir inversiones que deberían venir por vía ordinaria, en territorios afectados por la transición energética.

El desarrollo de la Hoja de Ruta para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales, que contribuya a una mejor provisión de materias primas en general, y en particular de origen mineral, como uno de los servicios ecosistémicos fundamentales en nuestra sociedad; o el desarrollo del almacenamiento energético hidráulico o termosolar, donde hay empresas punteras tecnológicamente trabajando en España, y planes que ya han sido catalogados Proyecto de Interés Común por la Unión Europea, han sido otras de las consideraciones hechas por nuestra organización.

Desde el SOMA-FITAG-UGT creemos firmemente que España debe avanzar dando cumplimiento a los Acuerdos de Gobierno, patronal y sindicatos; avanzar energéticamente desarrollando un Pacto de Estado por la Energía que supere ciclos políticos, dando el impulso necesario para que HUNOSA se convierte en la vanguardia de la transición energética como empresa pública energética y medioambiental, y avanzar en el aprovechamiento de las oportunidades sociales, económicas y ambientales que este proceso de transición energética y descarbonización ofrece, para completar el cambio de la estructura socioeconómica de unos territorios muy afectados por dicho proceso.